A colación del artículo en El País, en otra lista alguien ha hecho un
comentario suspicaz que comparto ofuscado por aquello de la privacidad:
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Molesta el tono que se emplea al escribir acerca de estos asuntos:
Ante una normativa para utilizar cualquier tecnología propietaria (incluso
ligada a un único fabricante) se dice con titulares triunfalistas en los
medios que se "promueve", "incentiva" o "promociona" la
"tecnología" o la
"innovación" pese al lastre que suponga para el erario público, pero cuando
se habla acerca de software libre, el lenguaje cambia y entonces se habla
de "obligar", "imponer" y "exigir".
Los usos del lenguaje que se emplean en los medios y/o en política no son
accidentales.
Reza el dicho que "no atribuyas a mala fé lo que se explica por mera
incompetencia", pero somos varios los que sospechamos
¿Quién debería contemplar más que las entidades públicas la transparencia
de su gestión como la primera de entre sus garantías? ¿No cae por su propio
peso que la tecnología creada con fondos públicos esté públicamente
disponible? Pero si hasta el imperio -que no se debe a nadie- lo hace ¡por
todos los dioses!