A colación del artículo en El País, en otra lista alguien ha hecho un comentario suspicaz que comparto ofuscado por aquello de la privacidad:
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Molesta el tono que se emplea al escribir acerca de estos asuntos:
Ante una normativa para utilizar cualquier tecnología
propietaria (incluso ligada a un único fabricante) se dice con titulares
triunfalistas en los medios que se "promueve", "incentiva" o "promociona" la "tecnología" o la "innovación" pese al lastre que suponga para el erario
público, pero cuando se habla acerca de software libre, el lenguaje cambia y
entonces se habla de "obligar", "imponer" y "exigir".
Los usos del lenguaje que se emplean en los medios y/o en política no son
accidentales.
Reza el dicho que "no atribuyas a mala fé lo que se explica por mera incompetencia", pero somos varios los que sospechamos
¿Quién debería contemplar más que las entidades públicas la transparencia de
su gestión como la primera de entre sus garantías? ¿No cae por su propio peso que la tecnología creada con fondos públicos
esté públicamente disponible? Pero si hasta el imperio -que no se debe a nadie- lo hace ¡por
todos los dioses!